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Boletín de Derecho Público – Marzo 2019 2019-03-18 · BMAJ
Un resumen de las actualizaciones más importantes en materia de derecho público y administrativo.

Boletín Regulatorio

▌TDLC condena a cadenas de supermercados

El 28 de febrero de 2019 el H. TDLC dictó sentencia en contra de tres cadenas de supermercados, por infracción del artículo 3°, incisos primero y segundo letra a), del D.L. N°211. Esta sentencia constituye la primera vez que se condena por un acuerdo coordinado a través de terceros, práctica concertada del tipo hub & spoke.

En resumen, la sentencia indica que entre los años 2008 y 2011 habría existido una regla no acordada expresamente de no vender pollo fresco a un precio menor a los precios de lista más IVA. Si bien la Fiscalía Nacional Económica había solicitado se sancionara a cada empresa con una multa ascendente a 30.000 U.T.A., el TDLC condenó a las empresas por una suma sustantivamente inferior (5.766 U.T.A. para Cencosud; 3.438 U.T.A. para SMU; y, 4.743 respecto de Walmart), además de la obligación de adoptar programas de cumplimiento en materia de libre competencia que satisfaga los requisitos señalados por la sentencia.

Respecto a esto último, cabe destacar que el TDLC al fijar las multas impuestas a las requeridas, aplicó rebaja a Walmart en consideración a la existencia de programa de cumplimiento y ética. Adicionalmente, el TDLC no descartó que el máximo reconocimiento a una empresa que posee estos programas puede ser la exención de responsabilidad por conductas anticompetitivas de sus trabajadores.

Las partes han interpuesto recursos de reclamación en contra de la sentencia, el que será conocido por la Excma. Corte Suprema.

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▌TDLC rechaza demanda de Constructora Denco en contra de Servicio de Salud de Osorno

En este fallo, dictado el 7 de marzo, se reconoció expresamente que un competidor potencial puede ser considerado sujeto pasivo inmediato de un atentado contra la libre competencia, por cuanto cumple la exigencia de existencia de interés para demandar. Adicionalmente, el TDLC reconoció que no es necesario que una empresa haya participado en un proceso licitatorio o que haya cumplido los requisitos necesarios para ello para que dicha empresa tenga la facultad de demandar por atentados a la libre competencia que pudieren cometerse en la licitación.

Finalmente, el TDLC consideró que el Servicio de Salud puede actuar como un agente económico como demandante de bienes o servicios, o bien, como un ente regulador que asigna derechos o recursos escasos, y que de ello depende cómo se defina el mercado relevante afectado.

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▌Modificación de la Ley N°20.169 que regula la competencia desleal

El 16 de enero de 2019 fue publicada la Ley N°21.131, que establece el pago de facturas a treinta días. Dicha ley incorporó una modificación a la letra i) del artículo 4 de la Ley que regula la competencia desleal, incorporando como acto de competencia desleal el incumplimiento sistemático de los plazos establecidos en la Ley N°19.983 para el cumplimiento de la obligación de pago del saldo insoluto contenido en la factura.

Esta modificación entrará en vigencia el día 16 de mayo de 2019.

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▌Reforma al Código de Aguas: Ejecutivo presenta sus indicaciones al proyecto

Dentro de la tramitación legislativa del proyecto de reforma al Código de Aguas (Boletín N° 7.543-2012) el Ejecutivo ha presentado, el 31 de enero, un conjunto de indicaciones. Las principales son las siguientes:

• Creación de un Fondo para la Investigación, Innovación y Educación en Recursos Hídricos, destinado a financiar las investigaciones necesarias para la adopción de medidas para la gestión de tales recursos y para la elaboración de planes estratégicos referidos a los mismos en las cuencas de todo el país.

• En materia de aguas subterráneas: Disminuir discrecionalidad de la DGA en la aplicación de medidas para velar por la sustentabilidad de los acuíferos y para declarar o alzar áreas de restricción y de prohibición.

• Facilitación de procedimientos para proyectos de infiltración.

• Priorización del uso del agua para consumo humano por sobre otros usos en situaciones de escasez hídrica, otorgando a la DGA la facultad de decretar de oficio reservas para consumo humano.

• Creación de la figura del derecho de agua con fines no extractivos y ampliación de las facultades de la DGA para constituir reservas de agua para fines de conservación.

• Simplificación y agilización de los procedimientos de tramitación de nuevos derechos y regularizaciones de usos consuetudinarios.

• Obligatoriedad de inscripción de los derechos de aguas en el Registro de Propiedad de Aguas en el Conservador de Bienes Raíces respectivo, para otorgar mayor certeza jurídica respecto de la titularidad sobre los mismos y hacer más fluido el tráfico jurídico.

• Aumento de la tasa de patente por no uso de derecho de aguas cada cinco años en forma indefinida en el tiempo.



▌Corte Suprema amplía conductas que contravienen la probidad administrativa

Por sentencia de 5 de marzo de 2019, la Excma. Corte Suprema declaró que la descripción contenida en el artículo 62 de la Ley 18.575 no constituye un numerus clausus de las conductas que contravienen la probidad administrativa. Esto, pues el epígrafe expresamente señala que se está haciendo referencia a conductas que la contravienen "especialmente", pudiendo por tanto existir otros casos.

Por lo tanto, el artículo 62 da cuenta de casos específicos solamente a vía ejemplar, pudiendo otros hechos distintos a los enumerados, constituir igualmente falta al principio de probidad administrativa.



▌Subtel ordena respetar la regulación relativa a cambios en la parrilla programática de un operador de televisión de pago

El 30 de enero de 2019, la Subsecretaría de Telecomunicaciones dictó tres resoluciones en el contexto de su procedimiento de reclamos, acogiendo parcialmente la pretensión hecha valer por usuarios en contra de VTR Telecomunicaciones SpA por el cambio de canales de la parrilla programática asociado al servicio de televisión de pago.

La Subtel señaló que las permisionarias de servicio limitado de televisión para modificar sus parrillas programáticas deben seguir el procedimiento de notificación previa ordenado en la legislación y que, en caso de que un usuario no acceda expresamente a ello, deben efectuar una rebaja del precio cobrado por los canales eliminados o aplicar un criterio proporcional razonable que deberá ser informado a dicha Subsecretaría.

En cuanto a la existencia de un derecho del usuario a una parrilla programática fija, la Subtel indicó que dicha materia excede la regulación sectorial de telecomunicaciones y que debe resolverse a la luz de las normas de protección de consumidores.

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▌Tribunal Ambiental acoge parcialmente reclamación interpuesta contra la RCA del proyecto minero Cerro Colorado

El 8 de febrero, el Tribunal Ambiental de Santiago revocó parcialmente la Resolución de Calificación Ambiental de continuidad operacional del proyecto “Cerro Colorado”, dando lugar a una de las reclamaciones previamente rechazadas por el Comité de Ministros en que se afirmaba existencia de daño ambiental.

El tribunal ordenó a la autoridad ambiental y al titular hacerse técnicamente cargo del impacto en la recuperación hídrica del acuífero y del bofedal Pampa Lagunillas, tomando en consideración la influencia del cambio climático en la recarga de este último, invalidando así la decisión del Comité de Ministros que consideró apropiadas las medidas adoptadas en el marco de la evaluación ambiental del proyecto.

En contra del referido fallo se encuentran pendientes de resolución por parte de la Excma. Corte Suprema diversos recursos de casación en el fondo y en la forma.

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▌Tribunal ordena al Director Ejecutivo del SEA abrir procedimiento para revisar la RCA que aprobó el proyecto Los Bronces

El 11 de febrero, el Tribunal Ambiental de Santiago acogió la reclamación interpuesta por vecinos de Lo Barnechea en contra del Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, quien había confirmado la inadmisibilidad de la solicitud de revisión de la RCA que aprobó el proyecto “Desarrollo Los Bronces”.

El Tribunal consideró que la actuación del Director Ejecutivo excedió el alcance propio de un control de admisibilidad al haberse pronunciado sobre el fondo del asunto, al determinar que algunas variables ambientales evaluadas originalmente no habrían variado sustantivamente. Dispuso, además, que el control de admisibilidad de las solicitudes de esta índole presentadas por parte de terceros debe ser menos riguroso que las solicitudes de revisión presentadas por el propio titular del proyecto.

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▌Corte Suprema critica proyecto de ley sobre delitos ambientales y advierte posible inconstitucionalidad

El 18 de febrero, emitiendo el informe preceptivo respecto del proyecto de ley relativo a delitos ambientales y daño ambiental (Boletín 12.398-12) la Excma. Corte Suprema cuestionó principalmente la facultad exclusiva que se otorgaría a la Superintendencia de Medio Ambiente (“SMA”) para iniciar investigaciones por delitos medioambientales y para presentar querellas, la que además sólo será posible de ejercer en la medida en que una sentencia previa de los Tribunales Ambientales establezca la existencia de daño ambiental.

Acorde con el informe, los delitos de acción penal pública deben investigarse y perseguirse de manera exclusiva por el Ministerio Público como organismo constitucionalmente creado a tal efecto. Agrega la Corte que la definición de las conductas penalmente reprochables resulta tan amplia y vaga, que no permite discernir cuáles serían potencialmente criminales y cuáles no, vulnerando el estándar mínimo mandatado por el principio de legalidad, “en su faz de tipicidad”.
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